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Aprontes de la semana 39: del 21 al 27 de septiembre de 2026

La semana del lunes 21 al domingo 27 de septiembre estará dominada por una pregunta concreta: cómo responder al deterioro del empleo y al bajo dinamismo económico sin perder el control de las cuentas fiscales. La tasa de desocupación llegó a 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio de 2026, con una caída interanual de 0,2% en el número de ocupados y un aumento de 0,8 puntos porcentuales en la tasa de desempleo. El dato llegará a la Cámara en una sesión especial de fiscalización y, pocos días después, deberá conectarse con el ingreso del Presupuesto 2027.

La agenda combina, por tanto, diagnóstico, asignación de recursos y decisiones regulatorias. El desempleo pondrá presión política sobre el Gobierno; el marco fiscal limitará el margen para responder; Codelco deberá explicar qué resultados espera obtener con la retención de US$2.422 millones; y varias reformas trasladarán al Congreso discusiones que afectan a empresas, inversionistas, empleadores y organismos públicos.

Empleo: la estadística se convierte en una prueba de política pública

El Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desocupación alcanzó 9,5% en mayo-julio de 2026. En doce meses, la fuerza de trabajo aumentó 0,7%, mientras las personas ocupadas disminuyeron 0,2% y las desocupadas crecieron 10,4%. La tasa de ocupación bajó a 55,9% y la informalidad subió a 26,5%. La contracción del empleo se concentró, entre otros sectores, en información y comunicaciones, enseñanza e industria manufacturera; por categoría ocupacional, disminuyeron los asalariados formales. El dato y sus desagregaciones describen el comportamiento del mercado laboral, pero no acreditan que una decisión específica del Ejecutivo explique por sí sola el resultado.

La Cámara citó para el martes 22, entre las 19:05 y las 20:35 horas, una sesión especial cuyo objeto es analizar la situación del desempleo y los efectos de las decisiones económicas del Gobierno desde marzo de 2026. Fue citado el ministro del Trabajo y Previsión Social. La formulación de la citación anticipa una discusión política explícita: habrá atribución de responsabilidades, pero esa atribución parlamentaria debe distinguirse de la evidencia estadística sobre causas y efectos.

La sesión tendrá continuidad en la agenda legislativa. La Comisión de Economía de la Cámara recibirá al ministro del Trabajo para conocer la Agenda Pro Empleo, mientras la Comisión de Trabajo del Senado continuará el estudio del proyecto que crea el contrato por horas, boletín 11.929-13, con invitados empresariales, académicos y sindicales. El debate puede desplazarse así desde la magnitud del problema hacia el diseño de instrumentos: subsidios, capacitación, formalización, inversión pública y flexibilidad laboral.

El dato laboral ya dejó de ser únicamente un indicador: ahora funciona como una exigencia de diseño, financiamiento y ejecución. La respuesta será evaluable por sus instrumentos, población objetivo, costo fiscal, cronograma y métricas, no solo por la intensidad de los anuncios. Puede ocurrir que la sesión acelere nuevas medidas laborales o que traslade la controversia directamente al Presupuesto 2027. El escenario dependerá de si el Gobierno presenta instrumentos con respaldo presupuestario y capacidad administrativa de implementación.

Presupuesto 2027: el margen de respuesta estará bajo observación

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 debe ingresar al Congreso antes del término de septiembre. La Dirección de Presupuestos ya publicó los parámetros estructurales que servirán para formularlo: un crecimiento del PIB no minero tendencial de 2,6% para 2027 y un precio de referencia del cobre de US$5,37 por libra. Desde su ingreso, la tramitación legislativa puede extenderse hasta 60 días.

El problema está en el espacio disponible para nuevas prioridades. El Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre proyecta una trayectoria de convergencia desde un déficit estructural de 2,6% del producto interno bruto en 2026 hasta 1,5% en 2030 y mantiene un ancla de deuda de 45% del PIB. Bajo el nivel de gasto actualmente comprometido, las holguras fiscales permanecen negativas durante todo el horizonte 2027-2030, entre -0,2% y -0,5% del PIB anual.

Durante la semana, las subcomisiones mixtas de Presupuestos revisarán la ejecución de partidas vinculadas con Gobiernos Regionales, Hacienda, Educación, Tesoro Público, Obras Públicas, Minería y Energía. Esas sesiones examinan el presupuesto 2026 y no anticipan por sí mismas el contenido del proyecto 2027, pero permiten observar la calidad de la ejecución, los compromisos pendientes y las presiones que llegarán a la discusión presupuestaria.

La tensión será especialmente visible en empleo, seguridad, vivienda e inversión. El Gobierno puede presentar el nuevo presupuesto como una herramienta de reactivación focalizada, pero las holguras negativas reducen la posibilidad de financiar programas permanentes sin reasignaciones, nuevos ingresos o medidas de eficiencia. Un análisis del Centro de Estudios Públicos difundido por Pulso ha incorporado al debate una estimación sobre el nivel de gasto ya comprometido. Esa cifra puede servir como contexto, pero debe distinguirse de las proyecciones fiscales oficiales de Dipres.

El Presupuesto será una prueba de consistencia entre las prioridades de reactivación y las restricciones fiscales disponibles. La cobertura debe seguir el límite de gasto, el crecimiento real, la composición entre inversión y gasto corriente, las reasignaciones, las provisiones para seguridad y vivienda y cualquier diferencia entre el marco de mediano plazo y el proyecto finalmente ingresado.

Codelco: la capitalización deberá traducirse en productividad verificable

La Comisión de Minería y Energía de la Cámara recibirá el martes 22 de septiembre al ministro Daniel Mas para explicar los alcances, fundamentos y efectos de la decisión de capitalizar el 100% de las utilidades de Codelco correspondientes al ejercicio 2025.

La medida asciende a US$2.422 millones y fue acordada por los ministerios de Hacienda y Minería. Los recursos permanecerán en la empresa para financiar continuidad operacional y su cartera de proyectos, con el objetivo declarado de reducir la necesidad de incrementar deuda.

La justificación financiera convive con un problema operativo. En el primer semestre de 2026, Codelco registró una utilidad consolidada de US$669 millones y aportes al Fisco por US$933 millones, mientras su producción propia alcanzó 564 mil toneladas métricas finas, 11% menos que en igual período de 2025. El costo directo C1 aumentó 6,7%, hasta 231,6 centavos de dólar por libra, mientras el costo neto a cátodo C3 subió 9,9%.

La audiencia parlamentaria puede concentrarse en cuatro preguntas: qué proyectos recibirán los recursos; qué metas de producción y costos se exigirán; cómo evolucionará la deuda; y cuál será el aporte futuro al Estado. La retención de utilidades no constituye por sí misma una pérdida fiscal definitiva: representa un costo de oportunidad, porque los recursos no se transfieren inmediatamente al Fisco y permanecen dentro de la empresa para generar capacidad futura.

La semana puede abrir también una discusión sobre asociaciones con privados, continuidad de proyectos estructurales y disciplina de capital. La conclusión debe mantenerse condicionada: la capitalización fortalece la posición financiera de Codelco, pero no acredita por sí sola una recuperación de productividad ni un retorno suficiente. Esos resultados deberán medirse mediante producción, costos, ejecución de proyectos, seguridad operacional y aportes fiscales.

Financiamiento y vivienda: MK4 pasa del anuncio a sus condiciones de operación

La reforma al mercado de capitales y acceso a la casa propia presentada por el Ministerio de Hacienda contiene más de 30 medidas. Entre ellas figura el Fondo Nacional para la Vivienda, administrado por BancoEstado, junto con nuevos mecanismos dirigidos a ampliar las fuentes de financiamiento y facilitar el acceso a la primera vivienda.

El martes 22, la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado recibirá al presidente de BancoEstado para abordar el rol de la institución en los créditos hipotecarios y el impacto de las modificaciones normativas sobre las tasas. La comparecencia puede trasladar la discusión desde los objetivos generales hacia elegibilidad, garantías, deducibles, riesgo de crédito, capacidad operativa y eventual exposición fiscal.

El proyecto sigue en tramitación. Sus anuncios no equivalen a una norma vigente ni permiten anticipar, sin más antecedentes, una baja de tasas o un aumento automático de la originación hipotecaria. La eficacia dependerá de la redacción final, los reglamentos, la distribución de riesgos y la reacción de los intermediarios.

En paralelo, el Ministerio de Hacienda mantiene una agenda de modernización del mercado de deuda pública, una señal complementaria de que el debate busca aumentar profundidad, liquidez y alternativas de financiamiento.

Regulación, seguridad económica y capacidad institucional

La agenda legislativa reunirá varios expedientes que inciden en trazabilidad, información y colaboración con el Estado.

La Cámara tiene en tabla el proyecto que modifica el Código Procesal Penal y la Ley N.º 19.970 para agilizar las investigaciones penales mediante el sistema nacional de registros de ADN, boletín 18.585-25; la iniciativa sobre asignación de direcciones IP y deber de información de los proveedores de acceso a internet, boletín 16.858-15; y el proyecto que amplía el delito de interrupción u obstaculización de la libre circulación y del funcionamiento de los servicios de transporte, boletín 18.584-25. Son materias distintas: sus estándares de prueba, destinatarios, controles, obligaciones y efectos sobre empresas deberán revisarse por separado.

El miércoles 23, la Comisión Mixta continuará el examen del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece medidas para la prevención y alerta de actividades relacionadas con el crimen organizado, boletín 15.975-25. Al encontrarse en Comisión Mixta, el texto puede cambiar para resolver las divergencias entre ambas cámaras. Para empresas financieras, proveedores de servicios y sujetos obligados, el punto crítico será la definición final de los deberes de prevención, alerta, entrega de información y resguardo de datos.

También figura la reforma de la Ley N.º 20.730 sobre lobby, que tramita conjuntamente los boletines 16.593-06, 16.888-06 y 16.988-06. Su eventual avance puede afectar a empresas, gremios, estudios jurídicos y consultoras que gestionan intereses ante autoridades. Mientras el proyecto no sea aprobado, promulgado y entre en vigor conforme a sus reglas transitorias, la inclusión en tabla no crea obligaciones nuevas. La revisión práctica debe concentrarse en sujetos obligados, actos comprendidos, registros, publicidad, sanciones y entrada en vigencia.

El frente ambiental tendrá una dimensión institucional. El Senado revisará postulaciones para ministros titulares y suplentes de tribunales ambientales y continuará el estudio del proyecto que fortalece la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, boletín 16.553-12.

Además, el miércoles 23, entre las 15:00 y las 16:00 horas, el Senado celebrará una sesión especial destinada a recibir la cuenta pública del Ministerio del Medio Ambiente sobre el estado de avance del Programa de Regulación Ambiental 2024-2025 al 30 de junio de 2026. La agenda puede influir en permisos, sanciones y litigios de proyectos, aunque ninguna de esas sesiones acredita por sí sola un nombramiento, despacho legislativo o cambio regulatorio definitivo.

En materia hídrica, la Cámara mantiene en agenda los proyectos refundidos que buscan garantizar la participación de comités y cooperativas de agua potable rural y prestadores de servicios sanitarios rurales en directorios de comunidades de agua: boletín 17.324-33 y boletín 17.325-33.

El Senado, por su parte, continuará el estudio del proyecto que moderniza y fortalece el régimen jurídico de los servicios sanitarios rurales, boletín 17.877-33. Allí la discusión será de gobernanza, representación, inversión y continuidad del servicio. Para operadores y comunidades, la consecuencia dependerá del texto final y de cómo se coordinen derechos de aprovechamiento, organizaciones de usuarios y prestadores sanitarios.

Qué conviene observar

  • La primera señal será si la sesión especial sobre desempleo produce medidas concretas con financiamiento, responsables, plazos y población objetivo, o queda circunscrita a la disputa por las causas del deterioro.
  • La segunda será el contenido del Presupuesto 2027: límite de gasto, reasignaciones, inversión pública, provisiones para seguridad y vivienda, supuestos de crecimiento y cobre, y compatibilidad de esas prioridades con las holguras fiscales disponibles.
  • También será relevante observar las metas que acompañen la defensa de la capitalización de Codelco —producción, costos, deuda, proyectos y aportes al Fisco— y las condiciones de riesgo y elegibilidad que se definan en torno al financiamiento hipotecario y al Fondo Nacional para la Vivienda.
  • En el plano regulatorio, la atención estará en el texto que resulte de la Comisión Mixta sobre Inteligencia Económica y en el avance de los proyectos de lobby, registros de ADN, direcciones IP, fiscalización ambiental y servicios sanitarios rurales.

La semana se definirá por la capacidad de convertir presión política en decisiones ejecutables. El empleo aporta la urgencia, el Presupuesto fija el margen, Codelco muestra el costo de sostener una empresa estratégica y las reformas regulatorias exigen precisar quién deberá hacer qué, con qué información y bajo qué controles. Si aparecen medidas financiadas y verificables, puede comenzar una etapa de implementación; si predominan los anuncios generales, la discusión laboral y fiscal probablemente seguirá abierta.

Cierre editorial: sábado 19 de septiembre de 2026, 19:00 horas de Chile.

Fuentes

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