Etapa 1: Definición del objetivo regulatorio
Se determina qué decisión, permiso, criterio, norma, política o medida pública afecta a la empresa y qué resultado busca obtener.
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Diseñamos estrategias regulatorias y de relacionamiento con autoridades dentro del marco legal de transparencia, probidad, lobby y gestión de intereses particulares.
El análisis regulatorio y diseño de estrategias de lobby y gestión particular de intereses permite que la empresa se relacione con autoridades y organismos públicos de manera lícita, transparente, documentada y estratégicamente ordenada.
La Ley 20.730 regula la publicidad del lobby y de las gestiones que representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios, fortaleciendo transparencia y probidad en las relaciones con órganos del Estado. Por eso, una empresa que busca explicar un proyecto, plantear observaciones regulatorias, solicitar audiencia, entregar antecedentes técnicos, incidir en una política pública o representar intereses legítimos debe hacerlo con metodología, registro y cumplimiento.
La gestión de intereses no debe improvisarse: debe prepararse, documentarse y ejecutarse dentro del marco legal de transparencia y probidad.
Las empresas enfrentan decisiones públicas que pueden afectar permisos, proyectos, regulación, costos, continuidad operacional, modelos de negocio, inversiones, sanciones, criterios administrativos o condiciones de mercado. Frente a ello, muchas veces reaccionan tarde o se relacionan con autoridades sin una estrategia clara, sin mensajes consistentes, sin documentos adecuados o sin distinguir lobby, gestión de intereses particulares, participación ciudadana, consulta formal, audiencia técnica o presentación administrativa.
El problema no es relacionarse con el Estado. El problema es hacerlo sin claridad normativa, sin identificación de autoridades competentes, sin análisis de oportunidad, sin soporte documental y sin cumplir las exigencias de publicidad y registro cuando corresponda.
Este servicio resuelve esa brecha mediante una estrategia regulatoria y de relacionamiento. Permite identificar el problema público, las autoridades relevantes, la decisión que se busca influir o informar, los argumentos, los antecedentes, los riesgos, la ruta de contacto y la documentación que debe prepararse.
El servicio comienza con un análisis regulatorio. Se revisa la norma, proyecto, permiso, política pública, plan, programa, criterio administrativo, fiscalización, decisión pendiente o materia que afecta a la empresa. Luego se identifica qué autoridad o funcionario puede intervenir, qué decisión se encuentra en discusión, qué canales formales existen y qué reglas de la Ley 20.730 deben observarse.
Después se diseña la estrategia. Esta estrategia puede incluir preparación de audiencias, minutas ejecutivas, argumentos regulatorios, informes técnicos-jurídicos, mapas de actores, cronograma de gestión de intereses, matriz de mensajes, documentación de respaldo, registro de reuniones y reportes internos.
El servicio no busca reemplazar los mecanismos formales de participación ni promover gestiones opacas. Su valor está en ordenar una actuación legítima de la empresa frente al Estado, con evidencia, transparencia, coherencia y control de riesgos.
El diagnóstico identifica la norma, decisión, permiso, política, plan, programa, criterio administrativo o problema regulatorio que afecta a la empresa. Esta etapa define qué está en juego y qué resultado se busca obtener o evitar.
La identificación permite determinar qué autoridades, funcionarios, servicios, ministerios, gobiernos regionales, municipios, superintendencias, comisiones o agencias tienen competencia o influencia en la decisión. Esto permite evitar gestiones mal dirigidas.
La calificación permite determinar si una actuación puede constituir lobby o gestión de intereses particulares, qué obligaciones de transparencia se activan, qué información debe declararse y qué registros pueden corresponder.
El mapa identifica actores públicos, privados, comunitarios, gremiales, técnicos o institucionales que pueden incidir en la decisión. Permite comprender el contexto y preparar una estrategia más realista.
La estrategia define objetivos, mensajes, secuencia, documentos, vocerías, autoridades, audiencias, riesgos, canales formales y criterios de registro.
Los documentos de audiencia pueden incluir minuta ejecutiva, presentación, antecedentes técnicos, informe legal, resumen de impacto, propuesta normativa o explicación del interés representado.
Los mensajes deben ser claros, consistentes y verificables. Deben conectar la posición de la empresa con el interés público, la legalidad, la viabilidad del proyecto, el cumplimiento y los efectos de la decisión.
El registro interno permite mantener trazabilidad de audiencias, solicitudes, documentos entregados, autoridades contactadas, acuerdos, compromisos, respuestas y pasos siguientes.
El reporte permite informar avances, riesgos, autoridades contactadas, asuntos pendientes, próximos hitos y decisiones requeridas.
El informe explica la materia regulatoria, autoridad competente, decisión involucrada, riesgos, oportunidad de actuación y estrategia recomendada.
El mapa identifica autoridades, servicios, funcionarios, actores institucionales, terceros relevantes y canales formales de relación.
La estrategia define objetivos, mensajes, documentos, audiencias, voceros, secuencia, riesgos y criterios de cumplimiento bajo Ley 20.730.
La minuta resume el interés representado, antecedentes principales, argumentos, solicitud o posición que se presentará ante la autoridad.
La presentación permite explicar el proyecto, impacto, problema, propuesta o interés de la empresa en formato claro y verificable.
El registro documenta audiencias, solicitudes, documentos entregados, autoridades contactadas, fechas, respuestas y próximos pasos.
El reporte permite informar a gerencia o directorio sobre avances, riesgos, oportunidades y decisiones necesarias.
Este servicio está dirigido a empresas sujetas a regulación, titulares de proyectos, asociaciones gremiales, compañías con intereses afectados por normas, proyectos de ley, políticas públicas, permisos, fiscalizaciones, criterios administrativos o decisiones de autoridades.
También es útil para empresas que necesitan solicitar audiencias, explicar proyectos, presentar antecedentes, participar en procesos regulatorios, defender la viabilidad de inversiones o anticipar cambios normativos que afecten su negocio.
Dirección jurídica estratégica para empresas que necesitan decidir, cumplir y gestionar sus riesgos con confianza.
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