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Aprontes de la semana 45: del 2 al 8 de noviembre de 2026

La negociación del Presupuesto 2027 entra en noviembre con dos restricciones difíciles de conciliar: una desocupación de 9,8% en el trimestre julio-septiembre y mayores presiones sobre los precios de la energía. El proyecto fiscal contempla un crecimiento del gasto de 1,5% real respecto de la ejecución esperada para 2026. La semana pondrá a prueba cuánto de ese margen puede transformarse en inversión, contratación y servicios, mientras las empresas actualizan sus supuestos de actividad, salarios y financiamiento.

A esa tensión económica se agregan decisiones sobre responsabilidades y cumplimiento. Codelco llevará a su accionista estatal las inconsistencias de sus reportes productivos; la Cámara recibe la propuesta para postergar la nueva ley de datos personales; y Justicia comienza noviembre con un relevo en la Subsecretaría y una controversia abierta sobre las rebajas de condena.

Presupuesto: la disputa se concentra en las partidas y los territorios

La Comisión Especial Mixta de Presupuestos sesionará el lunes 2, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00, para continuar el estudio del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, boletín 18.702-05. La negociación central recibe partidas rechazadas y asuntos que las subcomisiones dejaron pendientes.

El marco de Dipres considera $91.175.816 millones de gasto y un crecimiento real del PIB de 3,3% para 2027. Proyecta déficits efectivo y estructural de 1,8% del PIB y una deuda bruta de 42,5% del producto. Ese diseño combina una recuperación económica esperada con un aumento acotado del gasto: cada reasignación adquiere importancia para los sectores que dependen de transferencias, programas y obras públicas.

Los registros de las subcomisiones muestran el rechazo de la Partida 30 de Ciencia, asuntos pendientes o rechazados de los Servicios Locales de Educación Pública y la Partida 18 de Vivienda íntegramente pendiente para la comisión central. En los gobiernos regionales, la negociación se abrió sobre una reducción propuesta de $250 mil millones, cercana al 4,8% del presupuesto regional total, cuya votación se postergó por al menos diez días.

Vivienda tendrá además una expresión territorial: la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado sesionará el jueves 5 en Castro, de 10:00 a 14:00, para examinar los avances y dificultades de la política habitacional, especialmente en Chiloé. Está invitado el ministro Iván Poduje. La discusión sobre recursos tendrá así un contraste con las condiciones de ejecución fuera de Santiago.

Los municipios enfrentan otra definición con efectos sobre sus costos. El proyecto 18.525-06, que modifica la Ley 21.802 sobre seguridad municipal, volvió a la Cámara tras su aprobación en el Senado. Sus ajustes sobre contratación de inspectores, evaluaciones de idoneidad y adaptación de las dotaciones conectan las nuevas funciones de seguridad con las capacidades administrativas y financieras locales.

Para constructoras, proveedores y prestadores públicos, las decisiones relevantes estarán en la distribución de recursos, las glosas y las condiciones para contratar y ejecutar. El aumento del gasto agregado deja abierta la disputa por la inversión que llegará a cada territorio.

Actividad y costos: una recuperación con restricciones de financiamiento

El Banco Central publicará el Imacec de septiembre el lunes 2 a las 8:30. Los antecedentes sectoriales muestran una economía heterogénea: en septiembre, el Índice de Producción Industrial cayó 2,7% interanual, con una baja minera de 8,7% y un crecimiento manufacturero de 2,0%. En contraste, la actividad del comercio aumentó 2,7%. El resultado agregado dimensionará cuánto compensan los sectores en expansión la contracción minera.

La debilidad laboral agrega una restricción para el consumo. En julio-septiembre, las personas ocupadas disminuyeron 1,1% en doce meses y los asalariados formales, 2,5%. La tasa de ocupación informal llegó a 26,4%. El boletín de informalidad del martes 3 ampliará ese cuadro, relevante para evaluar la calidad de la recuperación del empleo y la estabilidad de los ingresos de los hogares.

El jueves 5, el INE difundirá los índices de remuneraciones y costos laborales de septiembre. La referencia de agosto fue un incremento nominal interanual de 7,6% en remuneraciones y de 8,3% en costos laborales; las remuneraciones reales crecieron 3,4%. Para los presupuestos empresariales, esa combinación obliga a relacionar los reajustes salariales con productividad, ventas y márgenes.

El viernes 6, a las 8:00, llegará el IPC de octubre. En septiembre aumentó 0,4% mensual y 4,1% a doce meses. El nuevo registro actualizará las referencias para indexación contractual y poder adquisitivo, además de mostrar la evolución del traspaso de los mayores costos energéticos a otros bienes y servicios.

El Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en 4,5% el 27 de octubre, por unanimidad, y advirtió un aumento relevante de los riesgos inflacionarios. Desde el cierre del IPoM de septiembre, el precio del petróleo, medido como promedio WTI-Brent, había subido alrededor de 25%. La debilidad de la actividad convive, por tanto, con un shock de costos que restringe el espacio para una política monetaria más expansiva.

La minuta de la reunión se publicará el miércoles 4; el jueves 5 se conocerán el Informe y la Encuesta de Percepciones de Negocios. Ambos antecedentes permitirán profundizar en las condiciones de inversión, contratación y fijación de precios. La debilidad del empleo aumenta la necesidad de reactivación; la energía más cara encarece ese mismo esfuerzo.

El frente externo tendrá un hito de primera magnitud con las elecciones federales estadounidenses del martes 3, que renuevan toda la Cámara de Representantes y parte del Senado. El equilibrio legislativo influirá en las negociaciones fiscales y regulatorias de Washington, con potenciales efectos sobre las expectativas financieras y comerciales que enfrentan las empresas chilenas.

En paralelo, la XXX Cumbre Iberoamericana se celebrará en Madrid los días 4 y 5, con actividades empresariales asociadas. Su interés económico estará en los acuerdos y espacios de interlocución que surjan en una semana dominada por costos, inversión y financiamiento.

Codelco: la integridad de los reportes llega al accionista

La junta extraordinaria de accionistas de Codelco del jueves 5 analizará las inconsistencias de producción correspondientes a 2024 y 2025. La solicitaron los ministros de Hacienda y Minería como representantes del accionista estatal. Ocurrirá después de que el directorio resolviera, el 29 de octubre, desvincular a ocho ejecutivos y profesionales de Chuquicamata, Ministro Hales, Salvador y Casa Matriz.

La revisión tiene antecedentes concretos. En julio, Codelco comunicó que su auditoría interna había detectado inconsistencias en el reconocimiento de 26.875 toneladas de cobre reportadas como producción terminada en diciembre de 2025. El directorio encargó a KPMG ampliar la revisión a los reportes de producción de 2024 y 2025.

En octubre surgió un segundo ámbito de investigación: eventuales duplicidades en inventarios de producción interdivisionales entre Salvador y Ministro Hales. EY recibió el encargo de determinar su naturaleza, magnitud, causas, responsabilidades y posibles efectos económicos, incluidos los relacionados con el cálculo y pago de incentivos variables. La estatal entregó esos nuevos antecedentes al Ministerio Público.

Ese mandato explica el alcance empresarial del caso. Un registro operacional alimenta metas, inventarios y remuneraciones variables; sus errores pueden extenderse a decisiones económicas adoptadas en distintos niveles. Para los directorios, el examen alcanza la independencia de las verificaciones, las conciliaciones entre unidades y la información que reciben los órganos encargados de supervisar. Cuando la producción determina incentivos, la calidad del reporte forma parte del control económico de la empresa.

La junta concentrará la rendición de cuentas ante el Estado propietario mientras continúan las auditorías. El efecto sobre la confianza de inversionistas y contrapartes dependerá de cómo la compañía delimite las diferencias y fortalezca los controles que sostienen sus cifras. La recuperación productiva y la confiabilidad de la información quedan estrechamente vinculadas.

Datos personales: el calendario de cumplimiento vuelve a la Cámara

El Senado aprobó el 28 de octubre el proyecto 18.623-07, que propone trasladar la entrada en vigencia de la Ley 21.719 al 15 de octubre de 2027 y ampliar de tres a cinco integrantes el consejo de la Agencia de Protección de Datos Personales. La iniciativa pasa a segundo trámite en la Cámara y coloca una definición transversal para las organizaciones al comienzo de noviembre.

La fecha vigente de la Ley 21.719 es el 1 de diciembre de 2026. La distancia entre ese plazo y el propuesto afecta decisiones actuales de contratación, tecnología y asignación de personal. Una postergación aprobada y publicada permitiría redistribuir parte del esfuerzo de implementación durante 2027; mientras se resuelve, diciembre sigue siendo el horizonte jurídico para organizar la preparación.

Para las gerencias legales, el cambio de calendario incide en el presupuesto y la secuencia del trabajo: contratos con encargados del tratamiento, bases de licitud, atención de derechos y seguridad de los datos. La extensión propuesta puede dar mayor espacio para integrar esas funciones en los procesos del negocio. También prolongaría la espera por la nueva institucionalidad de fiscalización y protección de los titulares.

La regulación digital suma otro avance: el 26 de octubre, la Comisión de Desafíos del Futuro aprobó en general el proyecto sobre inteligencia artificial y lo envió a Sala, correspondiente a los boletines 15.869-19 y 16.821-19, refundidos. Ambos frentes conectan las decisiones de inversión tecnológica con la futura distribución de responsabilidades por el uso de información y sistemas automatizados.

Justicia: relevo institucional y disputa sobre las rebajas de condena

El nombramiento de Josefina Soto en reemplazo de Luis Silva, anunciado el 30 de octubre, introduce una nueva conducción en la Subsecretaría de Justicia. La cartera enfrenta la controversia por las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, tras anunciar el 23 de octubre la suspensión de la tramitación de decretos y medidas legislativas.

El núcleo jurídico está en el alcance temporal y la aplicación de las exclusiones introducidas por la Ley 21.421, publicada el 9 de febrero de 2022, al régimen de reducción de condenas de la Ley 19.856. La controversia compromete los fundamentos de las decisiones administrativas, su defensa judicial y la protección de las víctimas.

La Comisión de Constitución del Senado examinó el 27 de octubre cuatro iniciativas que quedaron pendientes: los boletines 18.804-07, 18.805-07, 18.806-07 y 18.779-07. El conjunto aborda cambios al régimen y a la participación de las víctimas, con efectos sobre quién decide, qué antecedentes considera y cómo se sustancia el procedimiento.

La investigación de CIPER publicada el 30 de octubre añadió un contraste a la interpretación defendida por el ministro Fernando Rabat: revisó 113 recursos de amparo ingresados entre 2022 y 2026 y encontró 19 casos en que el proceso judicial terminó negando la reducción. Esa diversidad de resultados sitúa la estrategia administrativa y litigiosa dentro de la discusión institucional, junto con las reformas anunciadas.

Qué conviene observar

La combinación más exigente para la semana será una actividad debilitada por la minería, un mercado laboral deteriorado y costos energéticos que mantengan presión sobre la inflación. En ese escenario, la composición del Presupuesto adquiere un peso especial: la inversión pública y territorial puede sostener demanda y empleo, mientras las empresas enfrentan mayores exigencias para financiar sus operaciones y preservar márgenes.

Codelco y la discusión de datos personales agregan dos costos de gestión a esa ecuación: reconstruir confianza en la información y financiar capacidades de cumplimiento. Noviembre comienza con una demanda de reactivación que compite por recursos fiscales y empresariales limitados. La recuperación hacia 2027 dependerá tanto de las inversiones que logren ejecutarse como de los costos y responsabilidades que acompañen su desarrollo.

Cierre editorial: 31 de octubre de 2026, 04:00 horas de Chile continental (UTC−3).

Fuentes

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