Inicio » Cómo trabajamos
Nuestra forma de trabajar
Trabajamos como una función legal integrada a la organización. Combinamos asesoría jurídica, gestión de riesgos, dirección de proyectos y Legal Operations para acompañar decisiones, ejecutar encargos y construir capacidades que permanezcan en el cliente.
Una Gerencia Legal aporta más valor cuando comprende la estrategia, participa tempranamente en las decisiones y conecta los riesgos jurídicos con los objetivos, operaciones y oportunidades de la empresa.
Conocer la norma es solo una parte del trabajo. Buscamos comprender el negocio, sus objetivos, operaciones, restricciones, actores y tolerancia al riesgo para formular recomendaciones que respondan al contexto real en que la empresa debe actuar.
La función jurídica genera mayor valor cuando interviene mientras todavía existen alternativas. Nos incorporamos a proyectos, negociaciones y decisiones relevantes para anticipar consecuencias, estructurar opciones y permitir que Legal contribuya a resolver, en lugar de limitarse a revisar lo ya decidido.
Trabajar integrados al negocio exige confianza, pero también capacidad para entregar una opinión distinta cuando el análisis lo requiere. Acompañamos la creación de valor preservando independencia profesional, integridad y claridad respecto de los riesgos que corresponde administrar.
Gestionamos la consultoría jurídica mediante objetivos, responsabilidades, entregables, hitos y criterios de aceptación definidos, manteniendo control sobre cambios, riesgos, calidad y resultados durante toda la ejecución.
Acordamos el problema a resolver, objetivos, alcance, exclusiones, resultados esperados, responsables, información necesaria y forma de trabajo. En encargos sensibles incorporamos desde el inicio las condiciones de independencia, confidencialidad, seguridad y gestión de conflictos.
Organizamos actividades, responsables, recursos, hitos y entregables de acuerdo con la naturaleza del servicio. La ejecución mantiene un propósito concreto: producir el resultado acordado y entregar al cliente información utilizable para sus decisiones y acciones posteriores.
Seguimos avances, riesgos, calidad, disponibilidad de información y desviaciones respecto del plan. Cuando cambia el contexto, evaluamos sus consecuencias y determinamos si corresponde ajustar actividades, recursos, plazos, prioridades o incluso redefinir el alcance del encargo.
El cierre comprende aceptación de entregables, asuntos pendientes, responsabilidades posteriores, documentación y transferencia de conocimiento. Revisamos además aprendizajes y oportunidades de mejora para que cada proyecto contribuya a perfeccionar metodologías, procesos y encargos futuros.
Trabajamos con equipos jurídicos, gerencias, áreas de negocio y especialistas mediante objetivos compartidos, responsabilidades claras, intercambio seguro de información y mecanismos de coordinación que sostienen la relación durante el servicio.
Alineamos nuestra intervención con los objetivos que justifican el encargo y con las prioridades del cliente. Una relación colaborativa funciona mejor cuando las partes comprenden qué resultado buscan, qué valor esperan generar y qué restricciones deben respetar.
Definimos quién patrocina, quién coordina, quién aporta información, quién ejecuta, quién revisa y quién decide. También acordamos mecanismos de escalamiento para impedir que las responsabilidades se diluyan entre equipos, proveedores o distintas áreas de la organización.
La colaboración requiere acceso oportuno a la información necesaria y, al mismo tiempo, reglas claras para protegerla. Ordenamos canales, repositorios y comunicaciones para facilitar conocimiento compartido sin debilitar confidencialidad, seguridad o necesidad de conocimiento.
Construimos relaciones profesionales basadas en consistencia, transparencia y cumplimiento de compromisos. La confianza permite discutir riesgos, corregir desviaciones y compartir información tempranamente; el objetivo final es generar mejores resultados para el encargo y para la organización.
La gestión legal no necesita el mismo grado de procesos, tecnología y control en todas las empresas. Evaluamos la madurez existente y desarrollamos capacidades proporcionales a la complejidad, volumen y exposición jurídica del negocio.
Cuando la función jurídica está comenzando a estructurarse, priorizamos lo esencial: solicitudes, responsables, proveedores, contratos, documentos, vencimientos y visibilidad básica del trabajo. El objetivo es recuperar orden y evitar que asuntos relevantes dependan de correos o memoria individual.
Con una base estable, incorporamos procesos homogéneos, coordinación entre áreas, modelos de servicio, métricas, gestión de proveedores, datos y herramientas de apoyo. Legal comienza a operar como una función gestionada y conectada con finanzas, personas, tecnología, riesgo y compliance.
En estructuras más desarrolladas, el foco se desplaza hacia planificación, gobierno de información, gestión del conocimiento, análisis de datos, automatización, modelos alternativos de prestación y mejora continua. La función jurídica puede entonces dedicar mayor capacidad a decisiones y riesgos de alto valor.
Aplicamos principios de gestión de proyectos jurídicos —siguiendo ISO 21502:2020— cuando el encargo combina múltiples disciplinas, actores, dependencias, decisiones, plazos o entregables y requiere una gobernanza superior a la de una consulta jurídica ordinaria.
Definimos propósito, resultado esperado, sponsor, responsables, autoridad para decidir y relación con la gobernanza del cliente. En proyectos relevantes, la función jurídica debe saber quién entrega dirección, quién administra el trabajo y qué decisiones requieren escalamiento.
Estructuramos entregables, actividades, dependencias, recursos, plazos y actores involucrados. El plan debe considerar conjuntamente los componentes jurídicos, técnicos, regulatorios, operacionales y comerciales que condicionan el resultado, en lugar de gestionar cada especialidad como un encargo independiente.
Seguimos restricciones, riesgos, problemas y cambios que pueden alterar alcance, costo, plazo o resultado. Una decisión jurídica puede modificar ingeniería, contratos, permisos o cronograma; del mismo modo, un cambio operacional puede exigir revisar la estrategia jurídica del proyecto.
Verificamos cumplimiento de entregables, pendientes, decisiones y documentación necesaria para la siguiente fase. En proyectos extensos registramos lecciones y antecedentes reutilizables, evitando que la experiencia adquirida desaparezca cuando termina el equipo o cambia la etapa del proyecto.
Integramos la gestión de riesgos legales —siguiendo los principios de ISO 31022:2020— en procesos, contratos, proyectos y decisiones antes de que exista una controversia, combinando contexto, análisis, tratamiento, responsables, evidencia, monitoreo y reporte.
Antes de valorar un riesgo consideramos el modelo de negocio, estructura, procesos, contratos, activos, regulación, terceros y objetivos de la organización. También definimos criterios que permitan distinguir qué exposición resulta material y qué nivel puede administrarse dentro de la operación.
Formulamos eventos de riesgo concretos y analizamos causas, probabilidad, consecuencias e interdependencias con otros riesgos. El análisis puede incorporar antecedentes históricos, experiencia especializada, información operacional y diferencias razonables entre distintas interpretaciones jurídicas.
Evaluamos alternativas legales y no legales para evitar, reducir, transferir, controlar o aceptar el riesgo. Cada medida debe vincularse con responsables, recursos, plazos y decisiones, diferenciando claramente nuestra recomendación de la aceptación empresarial del riesgo residual.
Registramos los riesgos que requieren continuidad, verificamos la implementación de tratamientos y mantenemos evidencia suficiente para reconstruir decisiones. El reporte concentra evolución, cambios relevantes y medidas que requieren atención de responsables, gerencia o instancias superiores de gobierno.
Integramos estándares internacionales y marcos de Legal Operations para estructurar consultoría, colaboración, proyectos, riesgos, compliance y comunicación jurídica con criterios consistentes y proporcionales.
Utilizamos estas referencias como guías metodológicas, principios de gestión y fuentes de buenas prácticas. Algunas contienen directrices y otras establecen requisitos para sistemas de gestión, pero su utilización en nuestros servicios no implica certificación, acreditación ni declaración de conformidad, ni las transforma en reglas obligatorias para nuestros clientes.
La página Nuestros estándares desarrolla con mayor detalle el alcance de cada referencia, los principios que consideramos relevantes y la forma en que los incorporamos a nuestros servicios.
Orienta la prestación de servicios de consultoría desde la definición del encargo hasta su cierre. Tomamos como referencia sus criterios sobre alcance, entregables, responsabilidades, gobernanza, comunicación, riesgos, ejecución, aceptación y aprendizaje, adaptándolos a la naturaleza de cada servicio jurídico o consultivo
Aporta principios para estructurar relaciones de trabajo basadas en objetivos compartidos, gobernanza, liderazgo colaborativo, confianza, creación de valor, intercambio de conocimiento y gestión de riesgos. Los utilizamos como orientación para organizar la colaboración con clientes, equipos internos, especialistas y otros proveedores.
Sirve de referencia para encargos que requieren una estructura formal de proyecto. Aplicamos sus orientaciones sobre gobernanza, patrocinio, planificación, responsabilidades, recursos, stakeholders, riesgos, cambios, entregables, seguimiento y aprendizaje, ajustando la intensidad de la gestión a la complejidad efectiva del trabajo.
Proporciona principios, un marco y un proceso general para integrar la gestión del riesgo en la organización. La utilizamos como referencia para contextualizar riesgos, apoyar decisiones, definir responsabilidades, seleccionar tratamientos, monitorear resultados y promover mejora continua, sin atribuirle carácter de norma certificable.
Profundiza el marco general de riesgo específicamente para materias jurídicas. Orienta nuestro trabajo sobre contexto y criterios, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, comunicación, monitoreo, registro y reporte de riesgos legales, integrando la gestión jurídica con las actividades y decisiones de la organización.
Aporta una estructura para comprender el compliance como un sistema de gobernanza, responsabilidades, obligaciones, riesgos, controles, cultura, evaluación y mejora continua. Utilizamos esos principios cuando resultan pertinentes, sin que su consideración metodológica implique que Gerencia Legal o nuestros clientes estén certificados conforme a la norma.
Los marcos de CLOC y ACC permiten analizar la operación jurídica desde procesos, tecnología, proveedores, información, métricas, conocimiento, planificación y colaboración transversal. Los utilizamos para evaluar capacidades existentes y diseñar mejoras proporcionales al tamaño, complejidad y nivel de madurez de cada función legal.
Orienta la elaboración de comunicaciones jurídicas que permitan a sus destinatarios encontrar, comprender y utilizar la información que necesitan, manteniendo precisión jurídica. Sus criterios apoyan nuestra forma de estructurar contratos, políticas, informes, procedimientos y otros documentos destinados a producir decisiones o actuaciones concretas.
La información generada durante contratos, proyectos, riesgos y consultas permite mejorar procesos, reutilizar conocimiento y reducir la repetición de problemas jurídicos que pueden ser prevenidos.
Cada asunto deja información sobre decisiones, causas, controles, documentos y resultados. Utilizamos esa experiencia para mejorar criterios, plantillas, procedimientos, registros y formas de coordinación, y para detectar materias recurrentes que requieren una solución más estructural.
La mejora continua permite que el servicio evolucione junto con la organización: algunas consultas pueden transformarse en procedimientos; ciertos riesgos, en controles; tareas repetitivas, en flujos estandarizados; y antecedentes dispersos, en conocimiento institucional disponible para futuras decisiones. ISO 20700 incorpora expresamente evaluación, feedback, gestión del conocimiento y mejora como parte del cierre y aprendizaje del encargo.
Dirección jurídica estratégica para empresas que necesitan decidir, cumplir y gestionar sus riesgos con confianza.
Gerencia Legal © 2026 es un proyecto Lledó y Cía. Limitada
Tor es una red diseñada para reforzar la privacidad y el anonimato en Internet. En lugar de conectar directamente al usuario con el sitio de destino, el tráfico se enruta a través de varios nodos de la red, dificultando que el servicio visitado pueda conocer la dirección IP de origen y reduciendo la información técnica que permite vincular una conexión con una persona determinada.
Nuestro canal de denuncias dispone de una dirección .onion de versión 3, accesible mediante Tor Browser. Esta vía resulta especialmente relevante para un canal de integridad, porque permite reducir la trazabilidad técnica del acceso y reforzar la protección de quienes desean comunicar una situación de forma anónima.
El uso de Tor complementa las medidas de confidencialidad del canal, pero el anonimato también depende de la conducta de quien denuncia: la información proporcionada en el relato o en los archivos adjuntos podría permitir su identificación si contiene datos personales o antecedentes que revelen su identidad.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación, analizar el tráfico del sitio y personalizar el contenido.
